¿De qué trata la CLARITY Act?
La CLARITY Act es una ley estadounidense en preparación que busca repartir las competencias sobre los activos digitales entre los reguladores y determinar con claridad cuándo un token es un valor y cuándo una materia prima. Precisamente esa incertidumbre (quién regula qué) es desde hace tiempo uno de los principales puntos de fricción entre las empresas cripto y las autoridades estadounidenses.
Durante el verano de 2025 se abrió en el Senado un debate intenso en torno a la ley. Este texto resume lo que está documentado según las fuentes disponibles y lo que de momento no lo está.
¿Qué hizo Grayscale?
La empresa Grayscale Investments, que la fuente [1] describe como la mayor plataforma de inversión centrada en activos digitales, se dirigió a la cúpula del Senado con la petición de enviar la CLARITY Act a votación antes del inicio del receso de agosto del Congreso. Según Incrypted [1], se trató de una carta abierta del principal asesor jurídico de la firma.
El argumento central de Grayscale es que retrasar la ley debilita la posición de EE. UU. en la industria cripto global. De ahí procede la retórica del estilo "cada día sin normas es una pérdida de capital", es decir, que la ausencia de un marco jurídico ahuyenta al capital y a las empresas.
¿Cuán fuerte fue la presión pública?
Según la organización Stand With Crypto, citada por CrypS.pl [2], en los siete días previos al receso de agosto los partidarios de las criptomonedas se dirigieron a los legisladores alrededor de un millón de veces. Esto apunta a una campaña coordinada de lobby y de incidencia dirigida al Senado en la última ventana posible.
CrypS.pl [2] también advierte que, tanto a nivel federal como estatal, persisten desacuerdos en torno a tres áreas:
- la protección frente al fraude,
- el alcance de la aplicación de la ley,
- posibles conflictos de interés vinculados al presidente.
Estos son precisamente los puntos por los que la aprobación se dilata.
¿Qué dicen los propios senadores?
La senadora Cynthia Lummis, a la que BitHub.pl [3] califica como defensora de larga data de la industria cripto y una de las caras que impulsan la CLARITY Act, declaró, según una entrevista con Crypto In America, que está "cansada de que la engañen" y que, en su opinión, ha llegado el momento de votar la ley. Sin embargo, BitHub.pl [3] describe el destino de la ley como todavía incierto.
Desde el lado contrario llegó un intento de compromiso. Según Kryptonovinky.cz [4], dos senadores de partidos distintos, Thom Tillis y Ruben Gallego, enviaron a la Casa Blanca una propuesta reelaborada de normas éticas que podría ampliar el apoyo a la ley. La fuente [4] lo enmarca en el contexto más amplio del esfuerzo de los demócratas por una regulación más estricta.
¿Por qué debería interesar a los lectores en Europa?
La CLARITY Act es una legislación estadounidense, pero su forma influye en cómo se tratarán los activos digitales en el mayor mercado de capitales del mundo. Para los proyectos e inversores europeos es un punto de referencia: mientras la UE ya cuenta con su propio marco MiCA, EE. UU. aún está decidiendo el suyo. La diferencia de enfoque (quién regula, con qué rigor, con qué protección frente al fraude) se refleja en hacia dónde se dirige la liquidez y dónde se establecen las empresas.
Aquí conviene ser prudentes. La afirmación de que la ausencia de una ley "aleja el capital de EE. UU." es un argumento de Grayscale, no un hecho probado. Es la postura de una parte interesada, que debe tomarse como la opinión de un lobista y no como un fenómeno medido.
¿Qué queda por aclarar?
A partir de las fuentes disponibles no es posible confirmar si el Senado votó realmente la CLARITY Act antes del receso de agosto, ni cuál habría sido la forma final de la ley. Las fuentes describen presión, llamamientos y propuestas de compromiso, pero no una decisión final. Esta es la distinción clave: sabemos que hubo lobby y negociación, no sabemos si tuvo desenlace ni cuál.
¿Qué seguir en historias similares?
- El registro oficial de la votación en el Senado (no los comunicados de prensa de las partes implicadas).
- El texto concreto de las normas éticas de Tillis y Gallego, cuando se haga público.
- Si la protección frente al fraude y la cuestión del conflicto de interés se reflejarán en la versión final y de qué modo.
Cuando estos datos estén disponibles, se podrá verificar quién tenía razón en esta fase del debate.